EU busca aplicar leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos

El gobierno de Donald Trump estudia la posibilidad de utilizar legislación antiterrorista de Estados Unidos para perseguir penalmente a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, de acuerdo con una información publicada por The New York Times y recogida por varios medios mexicanos, entre ellos El Financiero, Reforma y La Jornada.

El Departamento de Justicia, en el centro de la iniciativa

Según el reporte del diario estadounidense, la Casa Blanca habría instruido a sus fiscales para que exploren la aplicación de leyes de narcoterrorismo contra políticos y servidores públicos mexicanos. La medida representaría una escalada significativa en la estrategia de Washington frente al crimen organizado en México, al trasladar el foco de las acusaciones desde los propios cárteles hacia quienes, presuntamente, los protegen o facilitan su operación desde estructuras gubernamentales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sería el organismo encargado de articular esta ofensiva legal, lo que implicaría extender el alcance de las herramientas jurídicas disponibles más allá de los casos tradicionales de tráfico de drogas para abarcar figuras del terrorismo, con penas considerablemente más severas.

La llamada ‘narconómina’ de Los Chapitos, en el trasfondo

El contexto de esta información se enmarca en una serie de revelaciones sobre los vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. El Financiero también publicó en paralelo detalles sobre la denominada ‘narconómina’ del cártel de Los Chapitos, en la que se describen los pagos que esta organización habría realizado a distintos actores para garantizar su operación, lo que refuerza la narrativa que Washington esgrime para justificar acciones legales transfronterizas.

Reacción y alcance de la medida

La información, atribuida al New York Times, no especifica públicamente los nombres de los funcionarios mexicanos que estarían en la mira, aunque medios como Reforma apuntaron que Washington ampliaría su lista de objetivos. De confirmarse la estrategia, supondría un precedente sin parangón en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, al involucrar directamente a servidores públicos de un país soberano en procesos judiciales estadounidenses bajo el paraguas del derecho antiterrorista.

La tensión diplomática entre ambos países se ha intensificado desde que la administración Trump designó formalmente a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas a principios de 2025, una decisión que el gobierno mexicano rechazó y que abrió la puerta a este tipo de interpretaciones jurídicas expansivas.

Una relación bilateral bajo presión

Este movimiento se produce en un momento de especial sensibilidad en las relaciones México-Estados Unidos, marcadas por las disputas arancelarias, las negociaciones migratorias y las exigencias estadounidenses de mayor cooperación en materia de seguridad. La posible persecución de funcionarios mexicanos mediante leyes antiterroristas añade una nueva capa de complejidad a una relación que ya atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas.

Hasta el momento de la publicación de estas informaciones, el gobierno mexicano no había emitido una respuesta oficial específica a este reporte del New York Times, aunque en ocasiones anteriores ha rechazado categóricamente cualquier injerencia en sus asuntos internos y la jurisdicción extraterritorial de tribunales estadounidenses sobre ciudadanos mexicanos.